Rescate social

    Cuando se ha cumplido ya un mes de la declaración del estado de alarma por el COVID-19, la curva de su desarrollo parece estabilizada y en fase de progresiva reducción, si bien sigue registrando diariamente los dramáticos datos de su impacto en vidas humanas truncadas, personas contagiadas y colapso del sistema sanitario, a cuyos profesionales aplaudimos emocionados cada tarde en una muestra colectiva de reconocimiento y solidaridad. Paralelamente, el shock socioeconómico y laboral provocado por la pandemia alcanza también dimensiones devastadoras en términos de contracción del PIB, cierre de empresas, destrucción de empleo y aumento de la pobreza, tanto a nivel global como local.

    24/04/2020.
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    Según la OIT el incremento del desempleo mundial podría situarse, en los próximos meses, en torno a los 25 millones de personas, cifra superior incluso a la registrada durante los años más duros de la anterior crisis económica, lo que repercutiría en una importante pérdida de ingresos de los trabajadores y consiguiente aumento de la pobreza laboral que afectaría a entre 8,8 y 35 millones de personas más, en función de la duración de la crisis, invirtiéndose así una tendencia a la baja que preveía una disminución de 14 millones en el número de personas pobres en todo el mundo.

    En el caso español, las previsiones más solventes apuntan a una caída del PIB que oscilaría entre el 9 y el 13 por ciento, mientras que el paro registrado -que venía reduciéndose a una media de 44.210 personas al mes desde 2014- aumentó en la segunda quincena de marzo en 302.265 hasta situarse a primeros de abril en 3.548.312 desempleados. Durante ese mismo período la Seguridad Social perdió 918.996 afiliados, el 91,1% asalariados del régimen general (la mayoría con contrato temporal) y el resto autónomos (4,5%) y adscritos a otros sistemas especiales (hogar, agrario y del mar).

    Por lo que se refiere a la Comunitat Valenciana el incremento del paro fue del 9,7% en el último mes (+35.565), hasta alcanzar actualmente la cifra de 401.827 personas desempleadas, mayoritariamente mujeres (58,4%) y del sector servicios (69,6%)

    Se trata de una destrucción de empleo sin precedentes (70.000 despidos y contratos no renovados de media diaria a nivel nacional) que estaría estabilizándose ahora como resultado de las medidas implementadas por el gobierno dirigidas a proporcionar liquidez a las empresas, defender el empleo asalariado mediante expedientes de regulación temporal (ERTEs) y ayudar a los autónomos.

    Desde el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y laboral del COVID-19, han sido cinco las normas legales aprobadas para ofrecer prestaciones a todos los colectivos del mercado de trabajo afectados por la crisis (personas asalariadas, paradas, empleadas de hogar, con contrato temporal, del sector agrario y autónomos), así como otras alternativas de protección solidaria (ayudas para el alquiler y gastos energéticos) para personas vulnerables, en lo que constituye el mayor rescate social de la historia de nuestro país que alcanza ya a más de seis millones de personas (el 30% de la población activa), cobertura que aumentará aún más cuando se aplique la renta mínima vital de próxima aprobación por el Consejo de Ministros.

    Especialmente relevante a este respecto ha sido la modalidad de regulación temporal adoptada cuyo objetivo ha sido evitar que se produjera una destrucción estructural del empleo por la vía del despido, en la perspectiva próxima de recuperar la actividad productiva, reduciendo ahora costes empresariales y garantizando las prestaciones sociales a los trabajadores y trabajadoras.

    Hasta el momento se han presentado alrededor de 500.000 ERTEs, por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, que suponen la suspensión o reducción temporal de empleo para cerca de cuatro millones de personas (un 44% más que todos los registrados entre 2008 y 2019) a quienes el SEPE está gestionando las prestaciones contributivas por desempleo que en cada caso correspondan (promedio de la base reguladora de las últimas 180 jornadas cotizadas) a un ritmo creciente de 70.000 reconocimientos/dia, con objeto de que los trabajadores afectados puedan cobrar lo antes posible.

    En la Comunitat Valenciana los ERTEs solicitados desde el 16 de marzo han sido 61.193, afectando a un total de 364.502 personas (20% de la población asalariada), de las que la Dirección General de Trabajo de la Generalitat ha resuelto ya los expedientes administrativos correspondientes a 264.564 trabajadores y el SEPE aprobado las prestaciones económicas para 149.171 de ellos. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha aprobado ayudas complementarias para las personas con rentas más bajas afectadas por ERTEs o reducción de jornada por conciliación familiar (Decreto Ley 3/2020), así como para trabajadores autónomos que hayan suspendido su actividad o reducido un 75% su facturación por la crisis actual (Decreto 44/2020).

    Pese a la magnitud del impacto laboral de la crisis, las medidas implementadas, la colaboración entre la administración central y autonómica y el esfuerzo de los funcionarios responsables están contribuyendo a paliar sus efectos más negativos, con el objetivo declarado de no dejar a nadie atrás ahora y facilitar la reactivación económica y recuperación social para «€cuando pase la tormenta y -como en el poema de Benedetti- seamos sobrevivientes de este naufragio colectivo».

    * Artículo publicado en LEVANTE-EMV con fecha 22 de abril de 2020

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