Los Estados de bienestar europeos están sometidos a un proceso de reestructuración. Tras su consolidación en las tres décadas ‘gloriosas’ (1945/1975), desde los años ochenta se inicia una nueva época de la reforma social. El problema principal hoy no es su desmantelamiento. No obstante, tampoco se asiste a una dinámica de consolidación y avance de los mecanismos y servicios públicos que garanticen un mayor bienestar a la población. La realidad es ambivalente y no una simple continuidad o statu quo. Por un lado, se mantienen e incluso se amplían algunos derechos sociales y permanece una amplia cobertura de los mismos. Por otro lado, como tendencia dominante, se reduce su intensidad protectora y se desarrolla una mayor diferenciación interna. Las políticas sociales están presididas por el objetivo de contención del gasto social y público y, más en general, están subordinadas a unas políticas económicas y fiscales de orientación predominantemente liberal. Además, se están produciendo cambios institucionales sustanciales que modifican el papel clave de los mecanismos públicos en la provisión de la seguridad y el bienestar social, se privatizan una parte de los mismos y se amplía la vía del mercado y la responsabilidad individual en el aseguramiento. Por tanto, existen dos dinámicas paralelas: disminución de la intensidad protectora de los mecanismos públicos (con reducción del gasto social y público por habitante respecto del PIB), y cambio institucional hacia una mayor privatización y mercantilización con una segmentación de la protección y los mecanismos de bienestar social. Esa ‘racionalización’, con recorte y adaptación de derechos sociales, supone la erosión de las bases sociales del Estado de bienestar y de sus funciones clásicas de seguridad colectiva, solidaridad institucional y redistribución.

El devenir de los Estados de bienestar europeos está sujeto a conflictos sociales y políticos. Las fuerzas que pugnan por esa orientación de ‘recorte’ del Estado de bienestar son poderosas. No obstante, los altos niveles de legitimidad existentes en la sociedad para mantener esas funciones fundamentales y la persistencia de graves problemas y riesgos colectivos frenan las medidas y ajustes más duros o regresivos. El resultado, en un equilibrio siempre inestable, produce un proceso lento, sinuoso y con altibajos de reestructuración y cambio de los diferentes mecanismos, funciones y prestaciones sociales. No es una crisis inevitable que cuestione la supervivencia del Estado de bienestar y aboque a su desaparición. Aunque sí se puede hablar de crisis en el sentido que supone una transformación cualitativa de su carácter y sus funciones básicas. Existe un fuerte consenso en las élites políticas y económicas sobre la necesidad de su ‘racionalización’ con una tendencia de menor esfuerzo distributivo del Estado (gasto social y gasto público por habitante en porcentaje respecto del PIB) y menos igualitario. Ello no obsta, para que se mantengan una relativa universalidad de los derechos sociales, reafirmada como derechos de mínimos, e incluso se mejoren algunos dispositivos y prestaciones -por ejemplo, la igualdad de género, el apoyo a la dependencia, algunas pensiones mínimas o rentas básicas contra la exclusión social y la salud laboral-. Al mismo tiempo, se produce una diferenciación en las formas de protección social y el sistema educativo, relacionados con similares tendencias en otros ámbitos, como la segmentación del mercado de trabajo, el cambio institucional entre lo público y lo privado y las reformas fiscales regresivas.

La tendencia dominante camina hacia la disminución de la intensidad protectora y de seguridad que proporcionaban las instituciones públicas para el conjunto de la sociedad. Las viejas y nuevas necesidades sociales tienen una menor cobertura pública, el Estado no se responsabiliza de ofrecer las mismas o mejores garantías a la población, y una parte de las nuevas demandas la devuelve a la propia sociedad que tiene que hacer frente con sus recursos desiguales, a través del mercado, la familia o el tercer sector. El sistema de solidaridad y seguridad social institucionalizada se deteriora, y se traslada la responsabilidad a los individuos lo que se justifica con el discurso de la ‘activación’.

Los cambios más profundos se han producido en el campo económico, productivo y laboral, así como en las relaciones de poder –político, institucional y empresarial-. Las bases productivas e institucionales en que se asentaba la ciudadanía social y laboral se han modificado a gran escala y socavan los equilibrios y pactos sociales –intergeneracionales, interclasistas y familiares- en que se asentaban los Estados de bienestar. Factores como la globalización económica, las políticas económicas neoliberales, la aplicación de nuevas tecnologías de alta productividad, los cambios demográficos y la reorganización del trabajo han transformado profundamente las condiciones laborales, de empleo y de vida, y han creado nuevas segmentaciones y desigualdades sociales.

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